En una medida que responde a las necesidades actuales del mercado inmobiliario, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy el acuerdo para la asignación de 2.500 millones de euros en avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Estos avales están destinados a facilitar la compra de la primera vivienda a jóvenes menores de 35 años y a familias con menores a su cargo.
La Ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha destacado la importancia de esta iniciativa como respuesta a un desafío complejo que requiere soluciones específicas. “El Estado se convierte en avalista, ofreciendo garantías a las entidades bancarias para la concesión de hipotecas”, subrayó Rodríguez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Según datos recientes, jóvenes y familias con niños, a pesar de tener empleo y un salario estable, a menudo carecen de los ahorros necesarios para acceder a un crédito hipotecario y comprar una vivienda. Esta línea de avales busca abordar esta situación y, al mismo tiempo, aliviar la tensión en el mercado del alquiler en áreas donde los precios de alquiler superan los de compra, así como atender las necesidades de las zonas rurales para fomentar la fijación de población.
La Ministra de Vivienda también ha adelantado que esta medida no será la única para aliviar la presión en el mercado inmobiliario, anunciando próximas acciones como la Adenda de 4.000 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), así como 2.000 millones de euros en avales del ICO para promotores públicos y privados, con el objetivo de construir más de 40.000 viviendas a precios asequibles.
Características Principales de los Avales
Los avales serán gestionados por el ICO en colaboración con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Las entidades financieras podrán adherirse a esta línea de avales para ofrecer préstamos hipotecarios.
El ICO avalará hasta el 20% del importe del crédito, salvo en casos donde la vivienda tenga una calificación energética D o superior, en los cuales el aval podrá llegar hasta el 25% del importe.
El plazo del aval será de hasta 10 años desde la formalización de la operación, durante los cuales la vivienda deberá ser la residencia habitual del beneficiario. Además, el préstamo debe formalizarse antes del 31 de diciembre de 2025, aunque este plazo podría ser extendido dos años más.
Los adquirientes deben ser personas físicas mayores de edad, con residencia legal en España y con ingresos individuales que no superen los 37.800 euros brutos al año. Este límite se incrementa si hay menores a cargo y en caso de familias monoparentales.
El patrimonio del avalado no debe superar los 100.000 euros, y no podrán acogerse a esta línea de avales quienes ya sean propietarios de otra vivienda, salvo excepciones como herencias o situaciones de separación o divorcio.
En resumen, esta medida busca facilitar el acceso a la vivienda propia para jóvenes y familias, al mismo tiempo que contribuye a la estabilidad del mercado inmobiliario y promueve la fijación de población en áreas rurales.